Dentro de las políticas económicas, una de las más importantes es la política fiscal, la cual esta encaminada a obtener de la población, a través de la recaudación de contribuciones, los recursos necesarios para solventar los gastos públicos de Federales, Locales y Municipales.
La Política Fiscal es el conjunto de instrumentos y medidas que toma el Estado con el objeto de recaudar los ingresos necesarios para realizar las funciones que le ayuden a cumplir con los objetivos de la política económica general.
El pago de las contribuciones de acuerdo a nuestro sistema legal, debe estar establecido forzosamente en una ley y debe ser proporcional y equitativo.
Podemos definir la política fiscal como aquellas acciones o determinaciones que amparadas en una ley, toma el poder público, a fin de hacerse de los recursos económicos necesario para cumplir con los objetivos o fines del Estado, y que se imponen a la población mediante extracciones a su patrimonio, denominadas Contribuciones, las cuales deben tener la característica de ser proporcionales y equitativas.
OBJETIVOS
Los Artículos 31 fracción IV y 73 fracción VII, nos dan el primer objetivo de esta política y que es básicamente la de proveer al Estado, en sus 3 niveles, de los recurso necesarios para cubrir el gasto público que se presupueste conforme a las leyes.
La política fiscal además debe obedecer principios legales y de justicia como lo son la proporcionalidad y la equidad con que se deben determinar y cobrar las contribuciones a la población. Lo anterior significa que las cargas fiscales que se impongan a los contribuyentes deben ser proporcionales a su ingreso, gravando más a quienes ganen más, y menos a quienes poco perciban, de igual forma deberá observar las circunstancias especiales que generar el ingreso implica, básicamente por la cantidad de trabajo e inversión aplicada, y en forma secundaria a consideraciones de estatus, condición social o actividad económica. Desafortunadamente estos objetivos son con frecuencia vulnerados por los gobernantes.
La política fiscal debe tener también como objetivos, los generales de toda política económica del Estado, debe ser integral y sustentable, debe fomentar el crecimiento económico y el empleo, debe propiciar una justa distribución de la riqueza y el ingreso, así como orientar la actividad económica nacional en forma responsable, con la finalidad de fortalecer la soberanía e independencia económica de la Nación y permitir el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad individual y colectiva de los integrantes de nuestra sociedad. Estos objetivos están planteados en nuestra Constitución General.
AUTORIDADES RESPONSABLES
En un sistema federal como el de nuestro país, la conducción de la política fiscal corresponde, de acuerdo al sistema de competencias que se establece en nuestra Constitución, a los 3 niveles de gobierno, Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, quienes las ejercen a través del poder legislativo para su establecimiento y control y del ejecutivo para su determinación y cobro.
A nivel federal el Congreso de la Unión determina cuales son las contribuciones que se deben fijar para cubrir el presupuesto de egresos, Artículos 73 fracciones VII y XXIX y 74 fracción IV.
La entidad de fiscalización superior de la federación, dependiente de la cámara de diputados, también es un órgano encargado de la conducción de la política fiscal federal, artículo 79 Constitucional. El ejecutivo federal, directamente el presidente de la republica, así como la secretaría de Hacienda y Crédito Público, son los responsables de la política fiscal, Así lo establecen el Artículo 90 de la Constitución y la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en sus Artículos 1 y 31.
A nivel local los Congresos Estatales hacen las veces del Congreso de la Unión, y el Gobernador y las Tesorerías o Secretarias de Finanzas las del ejecutivo federal. Concretamente en nuestro Estado así lo establece la Constitución local, artículos 63 fracciones IX y X, 64 fracción I, 85 fracciones V y VI, 133, 134, 135 y 139.
Los Ayuntamientos de los municipios tienen competencia para fijar sus políticas fiscales de conformidad con el artículo 115 de la Constitución General de la Republica, y en el caso Estado de Nuevo León los artículos 119 y 128 de la Constitución Política Local. El Presidente Municipal y las Tesorerías Municipales, son quienes ejecutan las acciones de política fiscal.
INSTRUMENTOS
En este caso en particular la ley es la herramienta básica ya que de acuerdo a nuestro sistema legal ninguna contribución podrá cobrarse si no esta establecida y determinada en una ley que la autorice.
Las autoridades para el logro de sus objetivos cuenta con diversos órganos de investigación, control, supervisión, auditoria e inspección. El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, El Servicio de Administración Tributaria, la Policía Fiscal, las contralorías, entre otras múltiples dependencias, son las herramientas para cumplir sus políticas. Las autoridades locales también tienen dentro de su competencia, órganos de auditoria e inspección para, básicamente más por la intimidación que por el convencimiento, lograr sus políticas fiscales.
Las políticas fiscales inciden sobre toda la población, en menor o mayor grado, dependiendo de lo que se quiera gravar; el consumo, la producción, la tenencia, uso, propiedad, el trabajo, tráfico comercial, etc. Por lo general se afecta más a la clase media y baja de nuestra estructura social.
En los últimos tres años la política fiscal del gobierno a nivel federal ha sido negativa, ha desalentado la inversión, el consumo, y a orillado a la población al uso de mercados informales y el contrabando
LA POLÍTICA FISCAL: UNA DEBILIDAD EN MÉXICO
La economía en México ha tenido una recuperación económica impresionante, al ser una economía que va en ascenso y cuyo principal objetivo es abatir los márgenes de pobreza en la que se encuentra la población mexicana. Pero aún cuenta con atrasos en algunos sectores como es el sector tributario. La directora del centro de la organización para la cooperación y el desarrollo económico (ocde), Gabriela ramos recomienda a México que realice una reforma en la política fiscal, ya que es necesario se simplifique para que sea más sencillo para los contribuyentes, debido a que “esta situación debilita la capacidad de respuesta en el ámbito económico” y también origina vulnerabilidad a los factores externos. Negó que haya algún indicio de peligro que provoque una crisis, como la de 1994.La economía mexicana depende del petróleo, lo que hace necesario buscar productos que puedan ser comercializados como es el caso de los productos metalúrgicos que exporta México. Recomienda evitar otorgar subsidios generalizados, para solo otorgarlos a los sectores que realmente los necesiten así como estar atentos a la marcha de la economía de estados unidos ya que está pronta a “iniciar su desaceleración” puede afectar a México, por lo que es necesario tomar medidas preventivas.
REFORMA FISCAL
Nuestro país requiere planear estratégicamente el desarrollo de su economía. Requerimos urgentemente de una planeación estratégica de mínimo 25 años, donde haya acuerdos concertados por los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión, por los sectores productivos y las organizaciones sociales. Las autoridades hacendarias deben entender que hay más fuentes de ingreso fiscal, que no es posible recargar la recaudación en tan pocos contribuyentes, que debe abandonarse el proteccionismo para ciertos sectores minoritarios de la población. La política fiscal es un instrumento poderoso para orientar la economía de un país. En la actualidad estas políticas manejan un esquema de prioridades ajenas a las necesidades del desarrollo nacional y la pronta atención de los problemas sociales.
La política fiscal que han mantenido los regímenes neoliberales ha llevado a un abandono de las responsabilidades económicas fundamentales del Estado consistentes, primordialmente, en desarrollar la infraestructura productiva y mejorar las condiciones educativas y de salud de la fuerza de trabajo que constituyen el núcleo para el incremento sostenido de la productividad, única garantía del bienestar futuro de México y de su inserción competitiva en el mercado mundial. Así, mientras que el gasto y la inversión pública en los países de la OCDE se acercan a la mitad del PIB, en nuestro país no alcanza ni siquiera a una cuarta parte del mismo. Desde 1983, una de sus orientaciones fundamentales ha sido el pago del servicio de una creciente deuda pública, interna y externa, que sin embargo, ha bajado en los últimos años como proporción del PIB, gracias a al venta de empresas públicas de importancia estratégica para la nación y la adopción de estrictas políticas de austeridad con un alto costo social.
Adicionalmente, existe una descapitalización acelerada de las empresas e instituciones públicas y un abandono de la creación de las condiciones indispensables para el mínimo respeto de la dignidad humana de la inmensa mayoría de los habitantes de este país.
El “sistema” tributario mexicano adolece de serios problemas, precisamente por su falta de planeación estratégica y preocupación por la sociedad en general, por lo que carece del sentido promotor del desarrollo nacional que caracteriza a las estructuras fiscales en los países con los cuales competimos comercialmente. En su función recaudadora es público y notorio que es ineficaz y excesivamente dependiente de los ingresos petroleros, lo que ha producido que toda su función fiscalizadora la concentre en muy pocos contribuyentes, como ha sido explicado en párrafos anteriores. Dicho sistema, tampoco cumple con la función redistributiva a la que está obligado, pues es altamente regresivo, por basar su recaudación mayoritariamente en los impuestos indirectos e insuficientemente en los impuestos distributivos como el Impuesto Sobre la Renta (ISR), así como en la inadecuada e inequitativa falta de progresividad de las tarifas de los servicios públicos.